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¿Cuáles son los principales retos en materia de incentivos a la inversión en México?

La competencia global ha impulsado a las economías a trabajar en la atracción de inversión extranjera directa, como una de las principales estrategias para fomentar el empleo y la modernización, además de aumentar la productividad e impactar en el sector de las exportaciones. Por tal razón, los países han utilizado diversos mecanismos para mantener y atraer a los inversionistas extranjeros; los más utilizados han sido los “incentivos a la inversión”.

En la actualidad existe una variedad muy amplia de incentivos a la inversión. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio e Inversión (UNCTAD, por sus siglas en inglés) señala que los países desarrollados y las economías en transición emplean frecuentemente incentivos financieros, como los préstamos subsidiados, mientras que los países en desarrollo, que no pueden permitirse una nueva sangría para el presupuesto público, prefieren medidas fiscales como exención de impuestos y derechos.

Algunas de las recomendaciones que señalan los organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que deben considerar los países en el otorgamiento de incentivos son: (i) establecer los incentivos en la regulación (leyes, reglamentos, lineamientos, etc.), con el fin de ofrecer transparencia en su otorgamiento; y, (ii) promover los incentivos orientados al desarrollo con el fin de alentar la evolución de las empresas en las zonas prioritarias.

En México, la legislación contiene incentivos a nivel federal e incentivos a nivel estatal. De acuerdo con las necesidades y objetivos, el gobierno de cada entidad federativa determina los tipos de incentivos que otorgará a los inversionistas, los procedimientos y las condiciones que deberán cumplir para acceder a éstos. Sin embargo, las bases y los parámetros para su determinación, así como los límites en cuanto a recursos a proveer, no se encuentran regulados en ningún ordenamiento jurídico. Por lo tanto, dicho vacío legal ha ocasionado en algunos estados un riesgo en sus finanzas públicas o un incumplimiento por parte de los Estados en los compromisos pactados con las empresas en materia de incentivos.

Incentivos Fiscales a Nivel Estatal –

Los incentivos fiscales están establecidos en más del 90% de las legislaciones estatales. Más del 60% de estos consisten en subsidios o reducciones parciales de los impuestos. Este tipo de estímulo se realiza mediante la condonación a: (i) un ejercicio fiscal específico; (ii) un pago único del impuesto; o (iii) durante un periodo de tiempo determinado. El Estado de Durango sobresale en esta categoría, ya que otorga exenciones a más de diez tipos de impuestos y derechos.

La exención al ISR, al IVA y la reducción de los impuestos a los servicios estatales son los incentivos fiscales más comunes en los Estados. En 10 de los 32 Estados de la República se contempla la condonación al 100% de todas las contribuciones o bien del 100% de algún impuesto en particular para las empresas sujetas a estímulos. Por ejemplo, el gobierno de Baja California Sur otorga una condonación que puede llegar a ser total en relación con todas las contribuciones estatales y municipales; y Nayarit, por su parte, establece una subvención de hasta el I00% en los impuestos estatales en que tribute la empresa por la naturaleza de su inversión. Los Estados como Puebla, Sinaloa, Tabasco y Zacatecas otorgan una bonificación, reducción o exención de hasta el 100% del Impuesto Sobre Nómina.

Aunque los Estados se han esforzado por ofrecer una gran variedad de incentivos fiscales, lo cual resulta muy atractivo para las empresas que desean establecerse en México, aún hace falta trabajar en el diseño de los mismos, por ejemplo, son muy pocas las regulaciones que establecen un procedimiento claro para su otorgamiento; así como, los recursos de inconformidad y la autoridad a la que deben acudir los inversionistas en caso de algún incumplimiento, lo cual repercute en trámites engorrosos y puede dar pie a la corrupción.

Por otra parte, los Estados deberían realizar, desde nuestro punto de vista, los análisis pertinentes para alinear a su presupuesto y a los planes de desarrollo los recursos que destinaran a los incentivos de los Estados, ya que, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, el ofrecimiento de una gran cantidad de incentivos fiscales pudiera generar efectos adversos para los ingresos del Estado debido a la pérdida de recaudación.

Incentivos Financieros a Nivel Estatal –

Con respecto a los incentivos financieros, la mayoría de los Estados señalan en su legislación apoyos económicos directos, las cuales realizan las entidades federativas mediante la aportación de capital para sufragar total o parcialmente diversos gastos de las empresas. En la mayoría de los Estados se otorgan estos recursos para que se destinen a la capacitación de los empleados y la elaboración de obras de infraestructura.

Algunos Estados establecen ciertas condiciones para el otorgamiento de los incentivos; por ejemplo, Tamaulipas otorga solo a las empresas de alto impacto en las regiones de menor crecimiento. Por otra parte, Tlaxcala y Durango otorgan dichos estímulos tomando en cuenta que existan condiciones que no afecten el medio ambiente, alienten la modernización y el intercambio en materia tecnológica. Estas condiciones son una práctica común internacional y su principal efecto es orientar la inversión extranjera en favor del desarrollo del Estado y disminuir los costos que se lleguen a derivar del otorgamiento de incentivos; (países como Panamá, Costa Rica, China y Singapur han utilizado estos esquemas, teniendo buenos resultados).

Al igual que los incentivos fiscales, los Estados ofrecen incentivos financieros muy atractivos para los inversionistas, sin embargo, muchos de los gobiernos locales no contemplan un fondo para prever que sus arcas puedan otorgar los recursos necesarios. En ese sentido, en lugar de ser una herramienta para la atracción a la inversión, los incentivos en muchas ocasiones resultan ser un fracaso para las empresas, ya que muchas veces terminan gastando recursos y tiempo en conflictos legales para demandar al Estado su incumplimiento.

Cuestiones favorables que podemos resaltar en las políticas de incentivos establecidas en las regulaciones locales es que en su mayoría se contemplan condiciones para su otorgamiento en materia medio ambiental y tecnológica; así como incentivos de ubicación, los cuales van dirigidos a sectores prioritarios o regiones especificas. No obstante, es indispensable que los gobiernos locales y los municipios refuercen los mecanismos de supervisión y auditoria para evaluar si las condiciones han sido cumplidas en su totalidad.

Por otro lado, a nivel federal, el gobierno actual ha puesto en marcha una serie de estímulos fiscales en la región fronteriza norte, con el fin de reactivar la economía en la región. Sin embargo, los resultados en la implementación han mostrado una gran falta de diseño y planeación, por una parte, una disminución en la recaudación por parte de la Federación y, por otro lado, la imposición de muchos requisitos para que las empresas puedan acceder a los beneficios, un plazo demasiado corto para cumplir con los mismos y una vigencia que no es suficiente ni para el establecimiento de nuevas inversiones, ni para las inversiones a largo plazo.

Finalmente, si tanto el gobierno federal como las entidades federativas siguen estableciendo incentivos en sus regulaciones sin antes realizar una política pública que prevea: (i) que los recursos económicos a destinar no perjudiquen las finanzas públicas y puedan sufragar los incentivos que se pretenden establecer, (ii) un análisis para determinar si los incentivos pudieran ocasionar competencia desleal entre los Estados o bien entre los municipios, (iii) mayor transparencia que permita detallar de forma clara y precisa el procedimiento para reducir decisiones políticas o administrativas arbitrarias, (iv) mecanismos para vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas a los inversionistas, y (v) evaluaciones periódicas que permitan revisar si los incentivos están cumplimiento su función, será muy difícil justificar que los incentivos pueden ser un instrumento de desarrollo y atracción a la inversión en México y mucho menos que puedan compensar las deficiencias del entorno empresarial.

Ver artículo también en: https://lexlatin.com/opinion/incentivos-fiscales-mexico-riesgos 

Autor

Blanca Pineda
bpineda@cuestacampos.com

Andrea Mendoza
bpineda@cuestacampos.com

www.cuestacampos.com

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